Este componente se constituyó en uno de los principales retos del proyecto, que por iniciativa del BID, a través de su representante en esta alianza estratégica con las organizaciones campesinas, se planifica pese a ser  considerada una  actividad conflictiva, producto de la reforma agraria que se derivó en lucha por la propiedad de la tierra, cuyo centro de conflicto fue justamente la provincia de Chimborazo.

Bajo estas consideraciones, el proyecto planificó tramitar la  legalización de 300 lotes de terreno, durante los tres años de ejecución del proyecto, meta demasiado optimista ante lo delicado del tema y la falta de experiencia en este campo.

El proceso de legalización de tierras partió con la firma de un convenio entre el Proyecto y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDA), implementado con la participación directa de campesinos, representados por un Comité Campesino de Legalización de Tierras,  que asumió con responsabilidad la función  de apoyar el engorroso trámite de titulación de tierras en estado de ilegalidad.

La  resistencia inicial en asumir el reto de apoyar la legalización de tierras, se constituyó en una propuesta de amplia aceptación en la familia, especialmente de la mujer, consideramos, debido a la confianza de los campesinos hacia las acciones que el proyecto venía ejecutando, y por otro lado,  a que la legalización de tierras constituye el bien en patrimonio familiar, aspecto que implica la imposibilidad de venta de los terrenos, sino no es en acuerdo entre los dos cónyuges.

En suma, de los 300 lotes que se planificó titular durante los tres años de ejecución del proyecto, se tramitó 1.300 lotes hasta la finalización del proyecto, ampliándose posteriormente a unos 1.800 lotes con apoyo de CRS.    

Es importante reconocer el compromiso asumido por el  Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario – INDA / Regional Riobamba, quienes brindaron todo su apoyo  para cumplir con este servicio en favor de los campesinos inicialmente de Calpi, que fue ampliándose a las comunidades de San Andrés.

Sin embargo, la gestión para la titulación en el INDA / Quito, constituyó un verdadero suplicio, que implicó un sinnúmero de viajes para alcanzar ciertos pasos del proceso, situación que obligó a las organizaciones campesinas, personal del proyecto, e inclusive funcionarios del INDA/Riobamba, a solicitar a autoridades de la matriz, la delegación del proceso de legalización de tierras al INDA / Riobamba, incidencia política que permitió alcanzar que gran parte de este proceso se implemente en la Regional Riobamba, decisión que implicó agilidad en el trámite, esperándose a futuro se complete este proceso de descentralización, a fin de facilitar la titulación de tierras.